Afganistán, diez años después: progresos lentos y promesas incumplidas

“En 2001, tras la intervención internacional, había muchas esperanzas depositadas en Afganistán, pero desde entonces los avances en derechos humanos se han visto puestos en peligro por la corrupción, la mala gestión y los ataques de grupos insurgentes que han mostrado un desprecio sistemático por los derechos humanos y las leyes de la guerra”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

“Hoy día, muchos afganos se atreven a esperar mejoras en la situación de los derechos humanos en su país. El gobierno afgano y sus aliados internacionales deben respaldar dichas esperanzas con medidas concretas para defender esos derechos.”

El examen llevado a cabo por Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en Afganistán ha detectado algunos progresos en la promulgación de leyes relativas a los derechos humanos, la reducción de la discriminación contra las mujeres y el acceso a educación y atención médica.

No obstante, los progresos respecto a la justicia y la labor policial, la seguridad humana y los desplazamientos se han estancado o incluso han experimentado un retroceso, según las observaciones de Amnistía Internacional. Las condiciones de quienes viven en áreas muy afectadas por la insurgencia han sufrido un grave deterioro.

La aparición de una comunidad pequeña pero dinámica de periodistas y el modesto regreso de las mujeres a las escuelas, el mundo laboral y el gobierno son señales de los progresos realizados durante los últimos diez años.

Afganistán también ha promulgado varias leyes que parecen reforzar los derechos de las mujeres. La nueva Constitución otorga una condición de igualdad a los hombres y las mujeres, y designa un cupo de un cuarto de los escaños del Parlamento para que sean ocupados por mujeres. En las elecciones parlamentarias celebradas en 2005 y 2010, las mujeres ocuparon algunos escaños más que los especificados en el cupo.

Sin embargo, la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación ha aumentado. En las zonas muy afectadas por los talibanes y otros grupos insurgentes, la libertad de expresión y opinión está severamente limitada.

Sin las restricciones impuestas por los talibanes, el acceso a la educación también ha mejorado considerablemente desde 2001. En la actualidad, 7 millones de niños y niñas (el 37 por ciento niñas) asisten a la escuela. Durante el régimen talibán había menos de un millón de estudiantes, y a las niñas prácticamente no se les permitía asistir a la escuela.

No obstante, en los nueve meses previos a diciembre de 2010, al menos 74 escuelas de Afganistán fueron destruidas o cerradas a causa de la violencia insurgente, ejercida mediante ataques con cohetes, bombas, incendios provocados y amenazas. De estos ataques, 26 estuvieron dirigidos contra escuelas para niñas, 13 contra escuelas para niños y 35 contra escuelas mixtas.

“El gobierno afgano y sus aliados no pueden seguir justificando su pobre actuación alegando que las cosas están mejor que en los años noventa. Cuando se ha ofrecido a la población afgana seguridad y ayuda económica, ésta ha superado obstáculos tremendos para mejorar sus condiciones. Pero, con demasiada frecuencia, esas promesas de ayuda no se han cumplido”, ha manifestado Sam Zarifi.

Las mejoras iniciales realizadas después de 2001 se han visto seriamente perjudicadas por el creciente conflicto, ya que la inseguridad obstaculiza el trabajo de escuelas y clínicas en las zonas de conflicto y las comunidades rurales. Los índices de mortalidad materna del país han mejorado, pero siguen siendo de los más altos del planeta.

A principios de 2010, el gobierno afgano inició un proceso de reconciliación con los talibanes y otros grupos insurgentes. Sin embargo, el “Alto Consejo para la Paz”, compuesto por 70 miembros y establecido para negociar con los talibanes, sólo cuenta con 9 mujeres entre sus miembros, y los grupos de mujeres afganos han manifestado su temor de que sus modestos progresos sean utilizados como moneda de cambio para negociar un alto el fuego.

“Es fundamental que los derechos de las mujeres no se vendan a los intereses de las negociaciones de paz. El proceso de paz de Afganistán no debe dar lugar a que se ponga precio a los derechos de las mujeres. Estos derechos no son negociables. El historial de derechos humanos de los talibanes es espantoso, y todas las negociaciones para la reconciliación deben incluir una representación adecuada de mujeres afganas”, ha manifestado Sam Zarifi.

En la última década, el número de civiles afganos heridos durante el conflicto armado ha ido en aumento. Durante los últimos tres años, unas tres cuartas partes de las bajas civiles han sido causadas por ataques de grupos insurgentes, y el resto por ataques de fuerzas internacionales y afganas.

La ONU documentó 1.462 muertes de civiles en los primeros seis meses de 2011: otra cifra que batió un récord. El 80 por ciento de estas muertes se atribuyeron a “elementos antigubernamentales”; los ataques con bombas caseras y los atentados suicidas provocaron casi la mitad del total de muertes y lesiones a civiles.

El conflicto ha provocado el desplazamiento interno de casi 450.000 personas en Afganistán, la mayoría de las cuales se han asentado en las provincias de Kabul y Balkh, donde viven en condiciones extremadamente malas, con acceso limitado a alimentos, saneamiento adecuada o agua potable segura.

“Los aliados internacionales del gobierno afgano, incluido Estados Unidos, han declarado reiteradamente que no abandonarán al pueblo afgano. Deben cumplir este compromiso, para garantizar que los derechos no se dejan de lado mientras la comunidad internacional busca una salida”, ha manifestado Sam Zarifi.